Este será el tribunal que juzgará a Ábalos, Koldo y Aldama por el caso mascarillas

El Tribunal Supremo ha constituido el tribunal de siete magistrados que juzgará al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presunto pago de sobornos a cambio de contratos públicos para la compra de material sanitario durante la pandemia.

El tribunal está compuesto por los cinco magistrados que, el 7 de noviembre de 2024, decidieron encausar a Ábalos: Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Eduardo de Porres, Andrés Palomo y Ana Ferrer. A ellos se suman Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández, designados por orden de mayor a menor antigüedad.

Composición y antecedentes de los magistrados

Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal, será el presidente del tribunal y el autor del proyecto de sentencia. Ya había desempeñado ese mismo papel en el reciente juicio del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien fue condenado por revelación de secretos.

Manuel Marchena y Ana Ferrer también formaron parte del tribunal que juzgó el proceso del “procés”. En ese caso la condena fue unánime, mientras que en el juicio contra García Ortiz la mayoría se alineó con la sentencia mayoritaria y Ferrer, junto a la magistrada Susana Polo, votó por la absolución.

Andrés Palomo, miembro de la Sala de Apelación que revisó el procesamiento de García Ortiz, defendió en un voto particular que no había motivos para enviar a juicio al exfiscal. Por su parte, Eduardo de Porres y el exfiscal general Julián Sánchez Melgar, designado por el Gobierno de Mariano Rajoy, respaldaron la decisión de llevar a juicio al anterior jefe del Ministerio Público. Javier Hernández, integrante de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), completa la composición del tribunal.

Estos magistrados sustituyen a Leopoldo Puente, magistrado de tendencia progresista que, durante un año, investigó los presuntos amaños orquestados desde el Ministerio de Transportes de Ábalos para favorecer a empresas vinculadas a Víctor de Aldama en licitaciones públicas.

El fiscal de la Fiscalía Anticorrupción imputa a los acusados los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Las denuncias populares, además, añaden los cargos de uso de información privilegiada y falsedad en documento oficial.

Las penas solicitadas alcanzan los 30 años de prisión para Ábalos y García, mientras que a Aldama se le persiguen hasta 7 años, teniéndose en cuenta su confesión, que permitió desvelar la supuesta trama de adjudicación irregular de obras públicas que sigue bajo investigación del Supremo.

José Luis Ábalos y Koldo García están actualmente en prisión provisional. Ingresaron el 27 de noviembre en la cárcel de Soto del Real, donde compartieron celda hasta hace pocos días, según fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS. Este jueves el Tribunal Supremo estudia sus recursos de excarcelación.

Víctor de Aldama, por su parte, se encuentra en libertad bajo medidas cautelares que incluyen la prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse quincenalmente ante el juzgado.

Una vez superado este trámite, la causa continuará su curso hacia el juicio oral. El Supremo había previsto la celebración del juicio para febrero o marzo, pero la agenda del nuevo abogado de Ábalos, Marino Turiel, ha complicado la programación.

La vista oral está prevista para durar varias semanas; las fuentes estiman “no menos de un mes”, dada la gran cantidad de testigos citados por ambas partes, alrededor de 40 por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Entre los testigos más relevantes se encuentra Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.