La Cámara de Diputados aprueba el presupuesto de Milei, pero rechaza su ajuste a las universidades

Javier Milei había llegado a la Cámara de Diputados con la expectativa de comenzar a cosechar los frutos de su victoria en las elecciones legislativas de medio término, pero la celebración se vio truncada cuando, en la madrugada de este jueves, la Cámara aprobó el proyecto de presupuesto para 2026 presentado por su gobierno sin lograr los apoyos necesarios para mantener los recortes previstos a las universidades públicas y a la atención de personas con discapacidad.

El debate presupuestario, que se prolongó durante más de doce horas, marcó la primera discusión formal sobre la cuenta pública desde que Mile Milei asumió la presidencia. Hasta ese momento, el Ejecutivo había gobernado sin una ley de presupuesto, gestionando los recursos mediante decretos. La decisión de someter el proyecto a debate se explicó, en parte, por el nuevo equilibrio de fuerzas: en las elecciones de octubre, La Libertad Avanza obtuvo el 40 % del voto, convirtiéndose en la primera minoría parlamentaria, lo que obligó al presidente a abrir espacios de negociación. Además, el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Donald Trump —benefactores que rescataron el plan económico de Milei en abril y septiembre pasado— exigieron buscar consensos y reforzar la solidez institucional.

Contenido y proyecciones del presupuesto

El proyecto plantea gastos totales de 148 billones de pesos (aproximadamente 100 000 millones de dólares), con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estimado en un 5 % para 2026 y una inflación anual del 10,1 %. Estas cifras contrastan con la inflación acumulada de 27,9 % registrada hasta la fecha y con las previsiones de consultoras privadas, que anticipan una expansión del PIB del 3,2 % para el próximo año.

En materia de educación y cultura, el presupuesto contempla una reducción real de los recursos del 1 % respecto a 2025 y casi del 48 % en comparación con 2023, lo que evidencia la continuidad del ajuste fiscal iniciado hace dos años.

“Este presupuesto es la base sobre la cual se avanzará en las reformas que la Argentina necesita”, defendió la diputada Juliana Santillán, de La Libertad Avanza, al iniciar el debate. “Nos autolimitamos para no gastar más de lo que se recauda, eliminando la emisión monetaria y, de esa manera, garantizando mayor previsibilidad”, añadió Diego Hartfield, también legislador de LLA.

Por su parte, la oposición calificó la iniciativa como una renuncia a funciones esenciales del Estado. “Este presupuesto no es meramente un ejercicio de austeridad fiscal; es la decisión política de abandonar los oficios de educar, curar y cuidar que sostienen el lazo social en la Argentina”, afirmó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, señaló que el proyecto “ataca a dos sectores: a las mujeres y a la cultura”. Agustín Rossi, representante de la banca kirchnerista, criticó la falta de una visión sobre la economía real, argumentando que “es imposible seguir gobernando de espaldas a la realidad de los argentinos”.

En la votación final, el presupuesto obtuvo 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. El PRO, partido fundado por el expresidente Mauricio Macri (2015‑2019), se posicionó como el principal aliado de La Libertad Avanza, sumando además apoyos de sectores disidentes del peronismo y de fuerzas centristas y provinciales.

Sin embargo, el Ejecutivo no alcanzó la mayoría necesaria para derogar dos leyes aprobadas este año a instancias de la oposición y que fueron vetadas por el presidente, luego ratificadas por el Congreso con mayorías especiales: la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en la Atención a Personas con Discapacidad. Ambas buscaban revertir los efectos de la “motosierra presidencial”. Al incluir la derogación de estas normas en el proyecto de presupuesto, la Cámara las rechazó con 123 votos contra 117, lo que provocó una celebración de la oposición dentro del hemiciclo.

Tras concluir la discusión del presupuesto, la Cámara de Diputados pasó a debatir dos iniciativas adicionales del gobierno: la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal, que prohíbe el déficit de las cuentas públicas y la emisión monetaria sin respaldo, y una reforma del régimen penal tributario destinada a facilitar el blanqueo de fondos y a elevar los umbrales a partir de los cuales personas y empresas pueden ser investigadas por evasión fiscal. Ambas materias continuarán su tramitación en el Senado, con la expectativa de que el Ejecutivo logre su conversión en ley antes de que finalice el año.