La sanitat pública, una sanitat per a tots

En medio de las crecientes críticas que señalan la sanidad como un negocio, alimentadas por las polémicas declaraciones del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, en el Hospital de Torrejón de Ardoz, es oportuno recordar el legado de Ernest Lluch, ministro de Sanidad entre 1982 y 1986, padre de la Ley General de Sanidad y artífice del modelo sanitario público español que, a pesar de sus imperfecciones, sigue garantizando cobertura a todos los ciudadanos.

Dos modelos, dos realidades

El discurso de Gallart promueve una sanidad privada estructurada bajo la lógica del mercado, mientras que el proyecto impulsado por Lluch hace casi cuatro décadas se basa en la universalidad y la gestión pública. La comparación con el sistema sanitario estadounidense ilustra las consecuencias de una mayor privatización: aunque EE UU destina más del doble del PIB a salud, sus indicadores son inferiores. La esperanza de vida es seis años menor, la mortalidad por enfermedades tratables es más alta y, a nivel familiar, el 66 % de las quiebras se deben a deudas médicas, afectando a cuatro de cada diez hogares.

Estos datos no justifican la privatización del sistema español. Un ejemplo reciente es el modelo hospitalario de Alzira, presentado por el PP bajo la etiqueta de “colaboración público‑privada”. En la práctica, pese a que la Generalitat incrementó la asignación per cápita de 225 € en 2002 a 777 € en 2017, la concesión quedó en graves dificultades financieras en pocos años, generando pagos complementarios de 25,11 millones de euros y sin evidenciar mejoras significativas en la calidad del servicio.

Asimismo, las prácticas de Ribera Salud recuerdan al oligopolio sanitario norteamericano, donde la compra de material, los análisis, el diagnóstico y la hospitalización se concentran en filiales de la misma empresa. En EE UU, tres conglomerados controlan el 80 % de las prescripciones, ejerciendo una influencia desproporcionada sobre el regulador y favoreciendo a un reducido número de corporaciones.

La permanencia de estos modelos se explica, en gran medida, por la influencia política de las compañías sanitarias y farmacéuticas, que invierten cientos de millones de euros en lobbies y financiación de campañas. En los Estados Unidos, la presión de estos grupos es tal que los políticos dependen de sus recursos para sus actividades electorales, lo que refuerza un círculo de dependencia que vuelve a invertir el papel tradicional de la autoridad pública.

En la Comunidad Valenciana, el retorno del Hospital de Alzira a la gestión pública, y posteriormente el de los hospitales de Torrevieja y Dénia, generó una oleada de reclamaciones judiciales y administrativas por parte de las empresas concesionarias: 26 en Ribera, 20 en Torrevieja y 10 en Dénia. Estas disputas judiciales se vieron mitigadas por la firmeza de la exconselleira de Sanidad, Mónica Oltra, y la ministra de Sanidad, Carmen Montón, cuya postura valiente evitó un mayor embate contra la Generalitat.

El caso de González Amor, empresario cercano a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, y su vinculación con la empresa Quirón —equivalente valenciano de Ribera Salud— refuerza la percepción de que la relación entre el sector sanitario y la política en Madrid se asemeja cada vez más al modelo estadounidense, donde los intereses empresariales predominan sobre el bien común.