La UCO precipitó la detención del expresidente de la SEPI porque se percató de que lo seguían cuando iba a una cita con Leire Díez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ejecutó el miércoles 10 de diciembre una serie de detenciones que involucraron a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al empresario José Antonio Alonso (propietario de Servinabar) y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández. La operación se precipitó cuando Fernández descubrió un dispositivo de vigilancia instalado en el coche que utilizaba para encontrarse con Díez.

Según la investigación, la presunta trama giraba en torno a comisiones ilegales obtenidas mediante el amaño de contratos y la adjudicación de ayudas públicas. Los fiscales estiman que Fernández habría cobrado al menos 49 350 euros en comisiones, mientras que Díez habría falsificado la venta de un vehículo para apropiarse de 21 500 euros.

Operaciones investigadas y presuntas comisiones

La Fiscalía Anticorrupción llevaba tiempo investigando bajo secreto cinco operaciones sospechosas que sumarían 132,9 millones de euros y que podrían afectar tanto a Díez como al exdirector de la SEPI. Las diligencias no estaban judicializadas hasta el miércoles 10 de diciembre, cuando Vicente Fernández se percató de que lo seguían tras viajar desde Portugal a Madrid para reunirse con Díez en una cafetería de un centro comercial.

Al percatarse de la vigilancia, Fernández intentó huir, cruzó semáforos en rojo y, temiendo que los investigados alertaran a sus cómplices y destruyeran pruebas, la Guardia Civil utilizó sus facultades para proceder a las detenciones.

El proceso judicial se aceleró: la Fiscalía Anticorrupción interpuso la querella y las diligencias se tramitaron de urgencia ante la Audiencia Nacional, bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número 6, presidido por el magistrado Antonio Piña. La operación se prolongó hasta el viernes, con registros en Correos, la Agencia Tributaria y el Ministerio para la Transición Ecológica, donde se incautaron documentos.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial y, al no solicitarse prisión provisional, fueron puestos en libertad. Posteriormente, el caso fue trasladado al Juzgado de Instrucción número 5, bajo la autoridad del magistrado Santiago Pedraz.

Se mantiene el secreto de sumario y se prevé que siga vigente en las próximas semanas, ya que la UCO y la Fiscalía continúan analizando el material recabado en 19 registros y registros realizados en todo el territorio nacional.

El núcleo de la supuesta trama se organizó bajo el nombre “Hirurok” (que significa “nosotros tres” en euskera) y comprendía a Díez, Fernández y José Antonio Alonso. El grupo utilizó la aplicación de mensajería cifrada Threema, en lugar de WhatsApp, para garantizar mayor privacidad y anonimato. Según documentos facilitados al juzgado, los investigados adoptaron medidas de seguridad para preservar la discreción de sus actuaciones.

Threema también había sido empleada por Alonso en comunicaciones con directivos de Acciona, quienes están bajo investigación en el Tribunal Supremo por presuntos amaños en obras públicas. Las primeras pistas de la investigación se remontan a los registros de junio del año pasado del propietario de Servinabar.

• Rescate financiero de la SEPI a la empresa Tubos Reunidos.
• Adjudicación de un contrato de Mercasa a Servinabar.
• Concesión del contrato del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) a una UTE formada por Construcciones y Excavaciones Erriberri y Afesa Medioambiente.
• Contrato de la pública Enusa a un despacho de abogados sevillano.

Las comisiones, canalizadas mayormente a través de la sociedad Mediaciones Martínez S.L., ascienden a un total de 750 614 euros. La mayor parte de esos fondos habría sido destinado por Díez, Alonso y Fernández a inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca, aunque los investigadores señalan que parte del dinero se utilizó de forma individual.

En el caso de Leire Díez, la instrucción indica que recibió al menos 21 500 euros “con ocasión de la venta de un vehículo”, operación que la Fiscalía considera simulada para integrar fondos en su patrimonio y ocultar su origen.