Díaz acelera la norma para evitar que las empresas absorban la subida del salario mínimo con la eliminación de pluses

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recibió este viernes el informe encargado a un grupo de expertos para determinar el aumento necesario del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que permita alcanzar el 60 % del salario medio neto. El estudio, citado por EL PAÍS, propone dos escenarios: un alza del 3,1 % –hasta 1 221 euros brutos mensuales en 14 pagas (17 094 euros anuales)– si el SMI sigue exento de tributación, y un incremento del 4,7 % –hasta 1 240 euros mensuales (17 360 euros anuales)– si sus perceptores comienzan a pagar el IRPF. Ambas propuestas superan la evolución de los precios, que se sitúa en torno al 2,7 % en los últimos doce meses.

Durante la entrega del informe, Díaz anunció que el Ministerio de Trabajo ya ha puesto en marcha una consulta pública previa a la tramitación de la norma que pretende impedir que las empresas compensen el aumento del SMI mediante la supresión de complementos salariales.

Regulación de los complementos y conflicto con la patronal

El texto de la consulta, aún no formalizado como artículo, constituye un paso previo esencial para la elaboración del reglamento que transponga la directiva europea sobre salarios mínimos. En él se plantea que la legislación española debe desarrollarse para cumplir plenamente los objetivos europeos en materia de negociación colectiva, reglas de compensación y protección de los complementos salariales, estableciendo valores de referencia, órganos consultivos y tasas de cobertura.

El Ministerio anticipa una dura disputa con la CEOE, que considera la medida indispensable para sostener el incremento del SMI en 2026. La patronal ha advertido que recurrirá a la vía judicial contra el cambio, que el gobierno planea introducir mediante un decreto que, según el Ministerio, no requerirá convalidación parlamentaria. Los empresarios sostienen que la modificación invade el terreno legislativo y será un argumento para impugnarla.

“Si un trabajador cobra un plus de peligrosidad, ese plus no puede desaparecer cuando sube el salario mínimo. Lo vamos a blindar legalmente”, afirmó Díaz, que precisó que el decreto sobre complementos se presentará por separado del destinado al aumento del suelo salarial.

En paralelo, el Ministerio de Hacienda ha comunicado que estudia ampliar durante un año más la deducción en el IRPF para los percusores del SMI, mecanismo fiscal creado el año pasado tras intensos debates internos sobre si el SMI debía tributar.

Díaz no se pronunció sobre la posible tributación del SMI, aunque históricamente ha defendido la exención, argumentando que la reforma fiscal debería comenzar “por los de arriba”. El Ministerio de Trabajo señala que la competencia sobre este aspecto corresponde a Hacienda y espera que la ministra de Finanzas, María Jesús Montero, tome una decisión antes de iniciar la negociación con los agentes sociales. Según fuentes del ministerio, la cifra que se defienda será del 3,1 % o del 4,7 % en función de la postura tributaria que adopte Hacienda.

El SMI actual es de 1 184 euros brutos al mes, equivalentes a 16 576 euros anuales, tras el último incremento de 2025 de 50 euros mensuales (700 euros al año). Ese aumento coincide con la recomendación de los expertos de situar el salario mínimo en la banda alta del informe, subrayando la influencia del estudio en la política del Gobierno.

“El SMI es la herramienta más importante para reducir la desigualdad y cambiar la estructura económica del país”, reiteró la vicepresidenta segunda.

Con la publicación del informe se abre la fase de negociación entre el Ministerio, los sindicatos y la patronal, que determinará la cifra definitiva. UGT y CC OO proponen un incremento del 7,5 % –hasta 1 273 euros brutos mensuales en 14 pagas–, mientras que la CEOE aboga por un alza del 1,5 %.

Díaz criticó duramente al presidente de la CEOE, Ignacio Garamendi, por priorizar su reelección a la defensa del país: “Lamento que anteponga su candidatura a CEOE a hacer el bien para España. No está centrado en el diálogo social”. La ministra también anunció que continuará las negociaciones sobre permisos de fallecimiento y riesgos laborales exclusivamente con los sindicatos, ante el rechazo empresarial a las modificaciones propuestas por Trabajo.

Desde que asumió la cartera, Díaz ha impulsado seis aumentos del salario mínimo; la patronal solo respaldó el primero, que elevó la cifra a 950 euros en 2020. Según estimaciones gubernamentales, el último incremento benefició a 2,4 millones de personas, de las que el 66 % son mujeres y el 27 % jóvenes entre 16 y 24 años. Por sector, el 31 % de los beneficiarios trabajaba en el campo, pese a que este sector representa solo el 3,5 % del empleo total.

En cuanto a la metodología del informe, la comisión de expertos partió de la Encuesta de Estructura Salarial de 2022 y la actualizó con datos salariales más recientes. Dos de los doce expertos –representantes de los ministerios de Hacienda y Economía– discreparon, alegando que el estudio omite el dato más reciente de salario medio bruto del INE, publicado en la Encuesta Anual de Estructura Salarial de 2023. Su voto disidente no se incorporó al texto final del informe.