Yolanda Díaz exige a Sánchez una remodelación profunda del Gobierno: Así no podemos aguantar

Sumar ha señalado este viernes un punto de inflexión en su relación con el PSOE dentro del Ejecutivo. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha exigido al socio una “remodelación profunda” del Gobierno y ha afirmado que ya ha hablado con el presidente Pedro Sánchez al respecto.

En una entrevista concedida a La Sexta, la ministra de Trabajo declaró “Así no podemos aguantar” tras los últimos casos de corrupción que persiguen al Partido Socialista y la avalancha de denuncias de acoso que ha afectado a varios de sus dirigentes en la última semana.

Contexto de la crisis

Los partidos que forman la coalición liderada por Díaz –Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar– se reunieron este viernes para analizar la situación de la crisis. En el encuentro se pidió al PSOE impulsar “con urgencia” medidas contra la corrupción y el acoso, y se reiteró la necesidad de un nuevo Ejecutivo.

Díaz sostuvo que “se acabaron las reflexiones, los cambios y las reformas cosméticas. Hay un punto y aparte y toca actuar”. Añadió que ha hablado con el presidente y que “toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de Gobierno”, subrayando que la gravedad de los hechos “no se puede seguir tolerando”.

La crisis se agudizó hace más de cinco meses, cuando el número tres del PSOE, Santos Cerdán, fue puesto en prisión preventiva bajo acusación de recibir sobornos a cambio de adjudicaciones en obras públicas. Ese caso provocó una profunda ruptura dentro de la coalición, que empezó a demandar un “giro de 180 grados” en la legislatura, con énfasis en medidas sociales y anticorrupción.

Desde La Moncloa, la respuesta del sector socialista ha sido, hasta el momento, contenida. Fuentes cercanas al presidente señalan que él “no comparte” la posición de Díaz, argumentando que ni los casos de acoso sexual ni las detenciones por presunta corrupción y las investigaciones de la UCO implican a los ministros que actualmente ocupan sus cargos.

Antonio Hernández, antiguo mano derecha del presidente y responsable de la supuesta ocultación del acoso de Paco Salazar, fue cesado de su cargo. Según el Ejecutivo, cualquier implicado directo del PSOE que surja en los próximos días será destituido de inmediato, como ya ha ocurrido con dos denuncias recientes.

María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, también ha sido señalada por su vínculo con la designación de un detenido como presidente de la SEPI entre 2018 y 2019. Montero ha declarado no saber nada de los hechos y no considera necesario que dimita.

El gobierno insiste en que, aunque reconoce la gravedad de los escándalos de acoso sexual y corrupción, no comparte la solución de una remodelación total del gabinete. Según La Moncloa, una reforma tan amplia implicaría admitir que los problemas están directamente relacionados con la gestión actual, postura que el presidente Sánchez rechaza.

Sánchez ha pedido calma tanto a sus compañeros del PSOE como a Sumar. En declaraciones recientes aseguró estar satisfecho con sus ministros y señaló que cualquier cambio sería puntual, por ejemplo, si las elecciones anticipadas en Aragón obligaran a relevar a la ministra de Educación y portavoz, Pilar Alegría, una decisión que podría adoptarse la próxima semana.

Por su parte, Díaz ha insistido en que el Gobierno debe “cambiar de arriba abajo”, lanzar un programa de regeneración democrática y actuar con decisión para devolver la decencia al país y proteger los derechos humanos. La vicepresidenta también recordó la necesidad de crear una agencia pública para prevenir la corrupción –propuesta que fue bloqueada en septiembre por el PP, Vox y Junts– y de eliminar los aforamientos en los delitos de corrupción.

Además, Díaz ha exigido una auditoría inmediata de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tras la detención de uno de sus expresidentes esta semana. La líder de Sumar también ha condenado los casos de acoso que ya han implicado a dos exmiembros de la dirección federal del PSOE, Francisco Salazar y Javier Izquierdo, así como al ex presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha pedido respuestas contundentes y claras, mientras que Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, ha exigido medidas “valientes y contundentes”, incluyendo la prohibición de contratos públicos con empresas sospechosas de corrupción como Acciona.

En los últimos días, Sumar ha endurecido su tono frente al PSOE a medida que se han conocido nuevas detenciones y vínculos con la trama de corrupción que inicialmente involucró a los últimos secretarios de Organización del partido, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así como al asesor del primero en el Ministerio de Transportes, Koldo García. Los arrestos de la exmilitante socialista Leire Díez, del ex presidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y de Antxon Alonso, socio de Cerdán en Servinabar, han agotado la paciencia de Sumar, que teme verse arrastrada por el tsunami de escándalos que sacude al PSOE en un final de año ya de por sí difícil para el Gobierno.