Las empresas españolas en el Reino Unido señalan como obstáculos el impacto de la subida de impuestos y la rigidez laboral

La presencia de las empresas españolas en el Reino Unido sigue siendo muy significativa, y cualquier variación en la política o la fiscalidad británica repercute de forma directa en sus decisiones de inversión. En el marco del VII Barómetro sobre Clima y Perspectivas de Inversión Española, elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) para la Cámara de Comercio Española en el Reino Unido, más de cien directivos señalaron que la política impositiva y la regulación del mercado laboral son los dos factores que pueden afectar más sus proyectos.

El Reino Unido continúa siendo el segundo destino mundial de la inversión española, con un stock de 83.000 millones de euros en 2023. Aunque esa cifra representa una caída del 9,5 % respecto al año anterior, sigue siendo el segundo nivel más alto registrado históricamente. Desde 1993, el país ha acumulado 170.940 millones de euros en flujos de inversión directa provenientes de España.

Según el presidente de la cámara, Juan Carlos Machuca, “las empresas españolas generan cerca de 140.000 puestos de trabajo directos e indirectos en todo el territorio británico. No solo invierten, sino que crean valor añadido”. Añade que, a pesar de los retos globales —riesgo geopolítico, conflictos en curso y tensiones comerciales, incluidos los aranceles de EE. UU.— existen motivos para mantener una visión optimista.

Los datos más recientes de 2024 evidencian una ligera recuperación: la inversión directa española se sitúa alrededor de los 5.000 millones de euros, consolidando al Reino Unido como el segundo destino después de Estados Unidos. El sector con mayor peso sigue siendo el de telecomunicaciones, que absorbe el 60,5 % del total (aproximadamente 2.950 millones de euros).

Impuestos y regulación laboral

Con la expectativa de un cambio de gobierno en verano de 2024, tras catorce años de dominio del Partido Conservador, los empresarios españoles encuestados expresaron su esperanza de que el nuevo Gobierno Laborista aliviara la carga fiscal y facilitara la contratación de trabajadores de terceros países, especialmente de Europa, mediante procedimientos de visado más simples.

Sin embargo, la realidad resultó distinta. Aunque el Partido Laborista había prometido no subir el impuesto de sociedades, las empresas han sentido el impacto del aumento del 1,2 % en las cotizaciones a la Seguridad Social del empleador (National Insurance), aplicado a umbrales salariales más bajos.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Keir Starmer ha endurecido sus políticas migratorias, complicando aún más la incorporación de trabajadores extranjeros al mercado laboral británico. Estas dos circunstancias fueron señaladas por los consultados como las más relevantes a la hora de decidir sus futuras inversiones.

De manera más general, los directivos destacaron que la inflación, que sigue siendo más alta que en la UE, y las tensiones geopolíticas actuales son los factores que podrían influir significativamente en sus planes durante los próximos doce meses.

Dos acontecimientos recientes han contribuido a mantener el optimismo entre los inversores españoles: el acuerdo bilateral firmado a principios de mayo entre el Reino Unido y la Unión Europea, y el posterior pacto entre Pedro Sánchez y Keir Starmer en Londres, que sientan las bases de una cooperación más estrecha y estable.