La JEP imputa a cinco militares retirados por el genocidio de la Unión Patriótica

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ha anunciado que el proceso por los delitos de genocidio cometidos contra la Unión Patriótica (UP) avanza hacia su fase final. El tribunal de paz transicional imputó este martes a cinco militares retirados, considerados los máximos responsables de los crímenes de genocidio, homicidio en persona protegida, exterminio, desplazamiento forzoso y otros tratos inhumanos.

Imputaciones contra altos mandos militares

Los acusados son el general retirado Iván Ramírez Quintero, quien fuera comandante de la Primera División del Ejército y también está investigado por la toma del Palacio de Justicia; el brigadier general retirado Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada XVII del Ejército, con sede en la región del Urabá; y los tenientes Jorge Luis Mejía, Eduardo José Figueroa y Manuel Pérez.

Según la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, el ataque genocida contra la UP estuvo ligado al éxito electoral del partido, que alcanzó el 4,58 % de los votos en las elecciones presidenciales de 1986, y a la lógica de una política contrainsurgente que buscaba la desaparición del partido como condición para la derrota militar de las FARC.

El expediente señala que la campaña de exterminio se dirigió a todos los niveles de la organización política: fueron asesinados militantes de base, dirigentes nacionales y regionales, dos candidatos a la Presidencia, seis parlamentarios, 17 alcaldes y 165 concejales. Asimismo, fueron víctimas numerosos líderes sociales en Urabá, el noreste antioqueño, el Meta y el Magdalena Medio, zonas donde la UP había logrado mayor representatividad, así como en grandes ciudades como Bogotá y Medellín.

La JEP describió que, además de los asesinatos y desapariciones, los miembros de la UP fueron estigmatizados y discriminados, quedando desprotegidos ante la negativa de las autoridades militares de garantizar su seguridad. Según los magistrados, el Ejército omitió denuncias públicas sobre la colusión entre militares y paramilitares en los territorios donde se cometieron los crímenes, y calificó a la UP como el brazo político de la guerrilla de las FARC, pese a su separación formal en 1987.

El tribunal también subrayó que la persecución contra la UP inició antes del auge del paramilitarismo en los noventa y se mantuvo mientras el partido buscaba consolidar su presencia electoral en concejos, alcaldías y curules nacionales. Esta continuidad de violencia, que sobrevivió a cambios de gobierno y doctrinas militares, fue considerada por los magistrados como un genocidio político, es decir, una política sostenida para impedir la participación de una fuerza de oposición.

Como parte de la investigación, la JEP tuvo acceso a archivos de inteligencia militar de la extinta Brigada XX del Ejército. En dichos documentos se hallaron informes semanales, diagramas y comunicaciones que revelan la planificación del crimen, incluida una lista de 2.640 miembros de la UP con fecha 11 de agosto de 1994.

La JEP otorgó a los comparecientes un plazo de 60 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. Con los recursos legales ya en manos de la Corte, el proceso se dirige a su etapa final, en la que se determinará la responsabilidad de los acusados y las sanciones correspondientes.

En paralelo, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció la imputación de 34 exmilitares, excombatientes de las FARC y empresarios vinculados al Fondo Ganero de Córdoba por los delitos cometidos en la subregión del Urabá antioqueño. El relator del caso, magistrado Óscar Parra, informó que al menos 54 000 personas fueron victimizadas en el conflicto armado que devastó la zona.

La investigación también reconoció los daños diferenciales sufridos por los pueblos étnicos Wounaan, Zenú, Emberá y Guna Dule, así como por comunidades campesinas y afrocolombianas. Según el magistrado, las agresiones respondieron a tres lógicas integradas: la eliminación por prejuicio enemigo, el vaciamiento del territorio con fines de despojo y repoblamiento, y la captura territorial acompañada de violaciones de libertades individuales mediante vigilancia extrema, amenazas, allanamientos, secuestros y masacres.