Amnistía Internacional denuncia tortura y condiciones inhumanas en Alligator Alcatraz

Un informe publicado esta semana por Amnistía Internacional denuncia graves violaciones de derechos humanos en los centros de detención migratoria de Florida, describiendo prácticas que califican como “tortura” bajo los estándares internacionales. El documento se basa en una visita de investigación al Krome Detention Center, al suroeste de Miami, realizada en septiembre, y en entrevistas con cuatro personas que habían sido recluidas previamente en el centro temporal “Alligator Alcatraz”.

Los testimonios revelan la existencia de una estructura conocida como “la caja”, una jaula de aproximadamente 60 × 60 cm situada en el patio del centro, donde los migrantes son confinados durante varias horas como castigo. En “la caja” los internos permanecen esposados, con los pies inmovilizados al suelo, sin poder sentarse ni cambiar de posición, expuestos al calor, a la falta de agua y a los insectos. “A la gente la metían en la caja solo por pedirles algo a los guardias. Vi a un hombre que la pasaron allí todo el día”, comentó uno de los entrevistados.

Condiciones inhumanas en Alligator Alcatraz

Alligator Alcatraz fue erigido en los humedales de los Everglades, al oeste de Miami, en tan solo ocho días a finales de junio, con carpas de lona, baños y generadores portátiles. Bajo estas carpas se instalaron ocho recintos de malla metálica, cada uno con capacidad para 32 detenidos, que permanecen confinado allí la mayor parte del día, saliendo únicamente para comer bajo vigilancia. Los internos describen retretes desbordados, acceso limitado a duchas, ausencia de protección contra mosquitos, iluminación artificial las 24 horas y alimentos y agua de mala calidad.

El informe también señala que la atención médica es irregular y, en muchos casos, inexistente. Un solicitante de asilo contó que, tras ser mordido por una araña cuya herida se infectó, no recibió tratamiento y fue sometido a una cirugía de emergencia sin recibir ninguna explicación del procedimiento realizado.

Amnistía Internacional afirma que negar el acceso a la atención sanitaria constituye “trato cruel e inhumano” y viola la Convención contra la Tortura de la ONU, que obliga a los Estados a adoptar medidas para prevenir la tortura y otros tratos degradantes.

Alligator Alcatraz opera bajo la División de Manejo de Emergencia de Florida (FDEM) y, según el informe, carece de supervisión federal, lo que impide la aplicación de los sistemas de seguimiento habituales en los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La organización advierte que esta ausencia de control “crea un precedente peligroso” que permite a Florida ampliar su maquinaria de detención y deportación sin rendición de cuentas.

La ACLU ha presentado varias demandas contra el centro y ha calificado el sitio como un “agujero negro”, aludiendo a la desaparición de detenidos de la base de datos del ICE y a la imposibilidad de localizar a sus familiares y abogados. Amnistía subraya que esta falta de registro facilita la detención en régimen de incomunicación y constituye una forma de desaparición forzada.

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, desestimó el informe, calificándolo de “ataque motivado políticamente” y asegurando que “ninguna de estas falsedades es cierta”. Aseguró que difundir esas acusaciones sin pruebas pondría en riesgo la seguridad del personal y de los internos. Ni la oficina del gobernador ni el Departamento de Seguridad Nacional respondieron a solicitudes de comentario.

En agosto, una jueza de Florida ordenó el desmantelamiento de Alligator Alcatraz tras una demanda de grupos ambientalistas y de una tribu indígena que alegó daño irreparable al ecosistema de los Everglades y la violación de leyes de protección ambiental. Sin embargo, la Corte de Apelaciones suspendió la orden, permitiendo que el centro siguiera operando mientras se resolvían los procedimientos judiciales. A finales de octubre, la corte dejó el caso en suspenso a petición de abogados del Departamento de Justicia, que argumentaron que la falta de recursos federales impedía su acción.

El informe también destaca problemas en el Krome Detention Center: hacinamiento, demoras prolongadas en los procesos de deportación, negligencia médica vinculada a varias muertes en custodia y el uso excesivo del aislamiento y de castigos severos, incluido el confinamiento solitario prolongado. Según estimaciones independientes, unas 25 personas han muerto bajo custodia de autoridades migratorias en lo que va del año, cifra que supera los 18 fallecimientos oficialmente registrados; un tercio de esas muertes se produciría en Florida, principalmente en Krome.