Portugal se acerca a los halcones de Europa con una ley para agilizar la expulsión de extranjeros sin papeles

Portugal está a punto de culminar un giro brusco en su política migratoria, la primera gran reforma impulsada por el primer ministro, el conservador Luís Montenegro, desde que asumió el cargo en 2024 al frente de la coalición gobernante.

En tiempo récord, su Gobierno consiguió que el Parlamento, dominado en un 70 % por fuerzas de derechas, aprobara dos leyes clave: la de inmigración y la de nacionalidad. Ambas restringen la entrada de extranjeros y la obtención de la ciudadanía, aunque la segunda se encuentra bajo examen del Tribunal Constitucional a petición de la oposición socialista, que duda de su conformidad con la Constitución.

El tercer pilar: la ley de devolución de inmigrantes irregulares

Desde este viernes la propuesta de regulación de la devolución de inmigrantes irregulares está en fase de consulta pública, antes de ser remitida a la Asamblea de la República para su debate y votación. La norma seguirá la línea dura de las dos anteriores y, de entrar en vigor, alineará a Portugal con los países europeos más estrictos en materia de migración, alejándose del enfoque más humanitario que mantuvieron los gobiernos socialistas de António Costa, similar al modelo español.

El ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, explicó que la medida está dirigida “contra quienes violan las reglas” y que “no se aplicará indiscriminadamente”. Añadió que busca evitar “abuses” en la solicitud de asilo, recordando el caso de una treintena de marroquíes que, tras pedir protección este verano, abandonaron las instalaciones de acogida antes de que se resolviera su expediente.

Según informó Expresso, la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros permitiría que los inmigrantes sin papeles permanezcan en centros de internamiento hasta 18 meses —frente a los dos meses actuales— mientras se tramita su expulsión. El objetivo es asegurar que las órdenes de deportación se ejecuten antes de que los migrantes abandonen los centros. Además, las devoluciones no podrán ser paralizadas por la interposición de recursos y se elimina la modalidad de retorno voluntario. Portugal, sin embargo, se mantendrá firme en no trasladar sus centros de internamiento a terceros países.

En 2024 cerca de mil extranjeros fueron devueltos a sus países de origen; la gran mayoría ni siquiera logró ingresar a Portugal y fue obligada a retornar en los controles fronterizos.

Durante un debate celebrado este viernes en la Asamblea de la República, el primer ministro Luís Montenegro criticó la legislación vigente, heredada de los años de Costa, por considerarla “permisiva” y propensa al “abuso”. Según Montenegro, la nueva propuesta tiene como objetivo “demostrar que vale la pena venir a Portugal dentro de la legalidad”. Añadió que “quien venga fuera de esos principios tendrá que retornar a su origen”. El mandatario reiteró el discurso reformista de su equipo, describiendo la iniciativa como la construcción de “un país nuevo, fuerte y cohesionado”, dirigido tanto a los portugueses como a quienes llegan con intenciones legítimas.

Concluida la fase de consulta pública y tras escuchar al Consejo Nacional de Migración y Asilo, el texto volverá al Consejo de Ministros antes de ser remitido a la Asamblea para su votación. Dado que el Ejecutivo no cuenta con mayoría absoluta, es previsible que renegocie la reforma con el partido de ultraderecha Chega, al igual que lo hizo en las revisiones de los otros dos pilares de su política migratoria: la ley de extranjería y la de nacionalidad.

La primera de esas leyes tuvo que ser votada en dos ocasiones porque la versión negociada con Chega contenía elementos considerados inconstitucionales. El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, la remitió al Tribunal Constitucional tras observar posibles discriminaciones. La segunda versión se suavizó, aunque mantiene diferencias en el reagrupamiento familiar, favoreciendo a inversores y profesionales cualificados frente a quienes llegan a construir una vida desde la base.

La ley de nacionalidad, por su parte, sigue pendiente de dictamen del Tribunal Constitucional después de la impugnación del Partido Socialista. El portavoz del grupo parlamentario socialista, Eurico Brilhante Dias, calificó la norma de “inhumana, desproporcionada y con lagunas legislativas que afectan a los menores, los más vulnerables”. Asimismo, advierten que la reforma podría vulnerar el principio de igualdad al retirar la nacionalidad a quienes cometan delitos graves y sean de origen extranjero.