La empresa gestora del hospital de Torrejón despidió a cuatro directivos que denunciaron en el canal ético las medidas impuestas

Ribera Salud ha despedido a al menos cuatro directivos que alertaron, a través del canal ético interno, sobre instrucciones del director general, Pablo Gallart, para manipular la lista de espera y abandonar procesos que no resultaran rentables en el Hospital de Torrejón, centro público madrileño gestionado de forma privada.

El diario EL PAÍS difundió el miércoles los audios de una reunión celebrada el 25 de octubre, en la que Gallart dirigía a una veintena de altos cargos del grupo con la consigna de “imaginar” formas de mejorar los resultados económicos y “desandar el camino” de la larga lista de espera, con el objetivo de alcanzar un EBITDA de entre cuatro y cinco millones de euros.

Denuncias internas y despidos consecutivos

Tras la reunión, se produjeron varias sesiones en las que se reiteraron y concretaron esas órdenes. El 22 de octubre, Pilar Navarro, entonces gerente del hospital, presentó una denuncia en la plataforma interna del grupo para advertir de esas prácticas. Dos días después fue despedida. El 26 de octubre, tres miembros de la dirección asistencial —Carlos Catalán, director médico; María Josefa Soriano, directora de enfermería; y José David Zafrilla, director de calidad y experiencia del paciente— remitieron otra denuncia por los mismos motivos, y fueron cesados al día siguiente.

Al ser consultado sobre los despidos, un portavoz de Ribera Salud explicó por escrito que la compañía puso fin a la relación laboral con esas personas “por la pérdida de confianza en su gestión y falta de liderazgo”, añadiendo que los cambios de cargos son habituales y que las denuncias internas “son objeto de investigaciones para determinar su veracidad”.

Los documentos internos a los que accedió el periódico, dirigidos tanto a la sede española como a la matriz francesa Vivalto Santé (propietaria del 75 % de Ribera), detallan las instrucciones de Gallart, entre las que se incluían:

• Dar prioridad a pacientes “no cápita” (aquellos que no están asignados al hospital pero solicitan ser atendidos) porque resultan más rentables.
• Posponer cirugías a pacientes “cápita” y derivarlos a otros hospitales.
• Suspender la diálisis peritoneal a pacientes “no cápita” por su coste, vulnerando la normativa de libre elección de la Comunidad de Madrid.
• Incrementar la cirugía de pacientes que, de otro modo, no correspondería atender en el centro, desplazando a los que ya están incluidos en el canon fijo que paga la Consejería.

Los firmantes de las denuncias advirtieron de una “vulneración de los derechos de los pacientes” y de una “mala praxis asistencial”, solicitando una investigación interna que verificara posibles incumplimientos del contrato concesional con la Consejería de Salud.

El departamento de Compliance respondió casi un mes después, cuando ya se habían producido los despidos, indicando que la investigación interna no había encontrado “evidencias de incumplimiento del contrato concesional, de la normativa aplicable ni de infracciones penales o administrativas graves”, y procedió al archivo de las comunicaciones.

Tras su cese, Carlos Catalán envió un correo a unos veinte compañeros lamentando que el proyecto en el que había trabajado durante 26 años “ha desaparecido de la mano de los actuales gestores, que quieren cumplir sus objetivos financieros a cualquier precio, incluida la salud de los pacientes”.

Ante la revelación de los audios, la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid convocó de urgencia una reunión con la alta dirección de Ribera y desplegó un equipo multidisciplinar que se personó en el hospital para “constatar in situ la calidad de la prestación del servicio”. La autoridad ha anunciado que solicitará un nuevo encuentro con el máximo responsable de la compañía, que espera agendar “de manera inmediata”.

La Comunidad de Madrid ha destinado 88 millones de euros adicionales en los últimos cinco años a la gestión del Hospital de Torrejón, a los que se suman 32,7 millones de rescate en julio para cubrir deudas que en 2022 alcanzaban los 124 millones de euros. Un portavoz autonómico explicó que este abono extraordinario responde a la necesidad de reequilibrar el contrato por gastos no previstos inicialmente, como el elevado gasto farmacéutico, uno de los temas que Gallart había pedido revisar.

El modelo de gestión del Hospital de Torrejón es una concesión de 30 años en la que el grupo privado construye y administra la infraestructura y la actividad clínica, mientras la administración paga un canon fijo basado en la población, independiente del volumen de actividad. En la Comunidad de Madrid, además del de Torrejón, operan bajo el mismo esquema el Hospital General de Villalba, el Hospital Infanta Elena y el Hospital Rey Juan Carlos, gestionados por Quirón.