El Gobierno obliga a las empresas a garantizar 4 horas de red móvil al 85% de la población en caso de apagón

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha puesto a disposición del público el proyecto de Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas, un ambicioso plan destinado a robustecer las infraestructuras digitales de España.

La norma impone a los operadores la obligación de garantizar la continuidad del servicio ante fallos eléctricos o catástrofes. Las instalaciones clasificadas como críticas deberán disponer de una autonomía de hasta 24 horas; las de nivel intermedio, de 12 horas; y el resto de las instalaciones, al menos 4 horas. En el caso de las redes móviles, la autonomía de cuatro horas deberá cubrir al menos el 85 % de la población, lo que permitirá a los operadores diseñar estrategias de priorización tecnológica.

Coste estimado y críticas del sector

Según los cálculos oficiales, la implantación de todas las exigencias de resiliencia supondrá una inversión total de entre 51 y 73 millones de euros, con un gasto medio de unos 7 000 euros por emplazamiento, considerando un descuento del 30 % por volumen. La supervisión recaerá en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que también coordinará la recién creada Mesa de Coordinación de Seguridad y Resiliencia.

El Gobierno defiende que esta inversión es “proporcional y equilibrada”, argumentando que el impacto presupuestario será prácticamente nulo porque las funciones de supervisión y respuesta pueden apoyarse en estructuras ya existentes. Sin embargo, las empresas del sector aseguran que el coste real será mucho mayor, alcanzando potencialmente varios cientos de millones de euros.

Garantizar la operatividad de la telefonía móvil en caso de apagón implica equipar los sitios con baterías de gran capacidad o con generadores de gasóleo, equipos costosos que requieren sustitución periódica. La dificultad es mayor en entornos urbanos, donde la instalación de estos sistemas exige permisos de propietarios, refuerzos estructurales de los tejados y adaptación a normas de seguridad, lo que eleva considerablemente el gasto.

Esta carga financiera recaerá tanto sobre los operadores de telecomunicaciones como sobre los propietarios de torres, como Cellnex o Vantage Towers. Las empresas de torres solo asumirán el coste si los operadores les garantizan una rentabilidad contractual, lo que a su vez repercutirá en los precios finales para los usuarios. En un contexto de dificultades económicas y restricciones de inversión para las operadoras, la obligación de reforzar la resiliencia eléctrica podría desviar recursos de otras prioridades, como la ampliación de la capacidad de la red o la mejora de la cobertura.

El proyecto de Real Decreto también califica a las redes y servicios de telecomunicaciones como instalaciones esenciales en situaciones de emergencia, lo que implica la colaboración de las autoridades y fuerzas de seguridad del Estado para su mantenimiento.

Los operadores deberán presentar un Plan General de Seguridad detallado, así como planes específicos por tipo de red y servicio, que incluyan un análisis pormenorizado de las condiciones de autonomía eléctrica. Además, se reforzarán las obligaciones de notificación de incidentes: el primer aviso deberá realizarse como máximo una hora después de que se produzca el suceso, seguido de notificaciones intermedias periódicas, una notificación final y un informe detallado que analice causas, impacto, medidas adoptadas y lecciones aprendidas.

Se establecerán criterios para clasificar los incidentes como “significativos” o “menores” en función del número de usuarios afectados, la duración, la zona geográfica y el tipo de servicio, con el objetivo de disponer de información fiable en el menor tiempo posible.