¿Cómo el absolutismo constitucional está redefiniendo Turquía?

Los acontecimientos de los días 10 y 11 de noviembre de 2025 pueden marcar un nuevo punto de inflexión en la trayectoria autoritaria del bloque gobernante turco, encabezado por el presidente Recep Tayyip Erdogan y el ultranacionalista Devlet Bahçeli. Dos hechos sobresalen: una acusación judicial masiva contra el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, y una decisión del Tribunal Constitucional que, de facto, elimina la supervisión parlamentaria sobre la judicatura.

El martes se presentó un expediente de 3.700 páginas que acusa a İmamoğlu, encarcelado desde hace varios meses, de corrupción, fraude y manipulación de licitaciones públicas. La acusación, que contempla penas de entre 846 y 2.352 años de prisión, lo describe como “cabecilla de una organización criminal” comparándolo con un “pulpo”. En el documento se señalan 402 sospechosos y se les imputa la “formación” y “dirección” de una organización criminal, así como la aceptación de sobornos.

Los fiscales invocaron el artículo 69 de la Constitución para notificar al Tribunal de Casación con el objetivo de estudiar la posible disolución del Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal fuerza de oposición. Frente a la acusación, İmamoğlu replicó que “no es más que una fila de mentiras, que amenaza a la gente, la toma como rehén y la obliga a calumniar bajo presión”. Además, solicitó que el juicio sea transmitido en directo por la televisión pública TRT.

Contexto de la persecución judicial

El mes anterior, los fiscales habían imputado a İmamoğlu por “espionaje”, alegando supuestos vínculos con un empresario acusado de trabajar para el MI6 británico. En paralelo, la Universidad de Estambul anuló su título universitario, alegando una irregularidad de hace más de treinta años; en Turquía, el título universitario es requisito para aspirar a la presidencia.

Esta oleada de medidas judiciales y administrativas se inserta en un patrón evidente: “ningún rival real será tolerado” en la próxima contienda presidencial. El caso recuerda al del líder kurdo Selahattin Demirtaş, del Partido Democrático del Pueblo (HDP), detenido hace una década cuando comenzaba a captar votos más allá del electorado kurdo, y que ya cumple diez años de prisión. Asimismo, el alcalde de Ankara, Mansur Yavaş, también siente la presión y, según rumores, habría enviado mensajes discretos a la presidencia asegurando que no tiene intención de postularse.

El líder del CHP, Özgür Özel, describió la acusación como “un memorando de los golpistas contra la política”, subrayando que “esta vez no han venido con tanques ni botas, sino con togas judiciales”. La oposición interpreta el proceso contra İmamoğlu como un ataque directo a su supervivencia y debate internamente si mantenerlo como candidato o presentar a Özel mismo, a riesgo de sufrir el mismo destino.

El expediente, que supera las 4.000 páginas, incluye 400 cargos y más de 75 testigos secretos, lo que augura un proceso prolongado de, posiblemente, cinco años. Los observadores consideran que el objetivo es doble: enfriar a toda la oposición y ampliar la brecha con el Partido por la Igualdad de los Pueblos y Democracia (DEM), tercera fuerza parlamentaria y heredera del movimiento kurdo.

El DEM, inmerso en el proyecto “Turquía sin terrorismo” impulsado por Erdogan, busca la liberación del líder del PKK, Abdullah Öcalan, como condición para desmovilizar al grupo. Tras un año sin avances, el partido se ha moderado, limitando sus críticas a la represión del CHP, lo que favorece la consolidación del poder.

El segundo golpe institucional se produjo el 11 de noviembre, cuando el Tribunal Constitucional rechazó una moción del CHP que pretendía modificar la forma de elección de los cinco miembros del Consejo de Jueces y Fiscales (HSK). Con once votos contra cuatro, el tribunal declaró que el asunto estaba “fuera del ámbito de revisión constitucional”, renunciando efectivamente a controlar las decisiones del Parlamento.

El penalista Murat Emir, vicepresidente del CHP, advirtió que “el HSK y otros consejos judiciales podrán formarse según la mayoría política, sin control legal”. La jurista Özge Fındık coincidió, señalando que “el Parlamento podrá ejecutar cualquier acto arbitrario sin supervisión judicial”. El experto constitucional Tolga Şirin amplió la alerta: “Si el Parlamento decide alojar tropas estadounidenses o prolongar indefinidamente el estado de emergencia, el Tribunal Constitucional podría abstenerse de revisarlo, convirtiendo el estado de emergencia en una norma permanente”.

El informe de la Comisión Europea ya había señalado la politización del HSK y la erosión de la independencia judicial; Ankara lo había ignorado. Con la reciente decisión del Tribunal Constitucional, los equilibrios institucionales se han desplomado, dejando a la judicatura reducida a una formalidad.

En conjunto, estos dos episodios –la persecución judicial contra İmamoğlu y la renuncia del Tribunal Constitucional a supervisar al Parlamento– consolidan una tendencia hacia lo que varios analistas denominan “absolutismo constitucional”, donde la ley sirve al Ejecutivo y no a la justicia. La mayoría parlamentaria, ahora sin contrapesos efectivos, puede legislar sin límites, mientras la comunidad occidental observa con creciente preocupación.